El sótano de la sede de la
Brigada de Acciones del Cicpc, que albergaba a tres decenas de funcionarios
policiales detenidos, quedó desalojada. La medida responde a la
reestructuración de la institución policial, con la cual esperan retomar
plenamente las labores de investigación, dejando de un lado las funciones de
custodia y de prisioneros.
La medida no es del agrado de los familiares de los trasladados a la cárcel de Yare III y la Comunidad Penitenciaria de Coro, quienes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la integridad física de los policías presos sea violentada por parte de la población penal.
Yuli Rodríguez, esposa de uno de los detenidos, confesó estar angustiada por lo que podría pasar. "Ellos deberían quedarse ahí. No son malandros. Deberían estar resguardados en un espacio donde se garantice su integridad física. Mi esposo estaba en la División de Capturas (Cicpc). En el juicio, los familiares los amenazaron de muerte. Tenemos miedo".
Adnan El Asmar, padrastro de Pedro Cipriano Rivero, uno de los fallecidos en las celdas de la División de Capturas de El Rosal, apoyó la medida tomada por las autoridades. "Esas personas merecen estar en una cárcel común. Hacemos un llamado a que sean detenidos los otros responsables: Rafael Caicedo y Mario Cotes, quienes se encuentran prófugos de la justicia".
La noche de este miércoles, fueron reubicados 35 funcionarios detenidos en las instalaciones del BAE. Al menos 12 de ellos que esperan a que se les haga el juicio, fueron llevados a la cárcel de Yare III, mientras que el resto fue ubicado en la Comunidad Penitenciaria de Coro.
La medida no es del agrado de los familiares de los trasladados a la cárcel de Yare III y la Comunidad Penitenciaria de Coro, quienes manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que la integridad física de los policías presos sea violentada por parte de la población penal.
Yuli Rodríguez, esposa de uno de los detenidos, confesó estar angustiada por lo que podría pasar. "Ellos deberían quedarse ahí. No son malandros. Deberían estar resguardados en un espacio donde se garantice su integridad física. Mi esposo estaba en la División de Capturas (Cicpc). En el juicio, los familiares los amenazaron de muerte. Tenemos miedo".
Adnan El Asmar, padrastro de Pedro Cipriano Rivero, uno de los fallecidos en las celdas de la División de Capturas de El Rosal, apoyó la medida tomada por las autoridades. "Esas personas merecen estar en una cárcel común. Hacemos un llamado a que sean detenidos los otros responsables: Rafael Caicedo y Mario Cotes, quienes se encuentran prófugos de la justicia".
La noche de este miércoles, fueron reubicados 35 funcionarios detenidos en las instalaciones del BAE. Al menos 12 de ellos que esperan a que se les haga el juicio, fueron llevados a la cárcel de Yare III, mientras que el resto fue ubicado en la Comunidad Penitenciaria de Coro.
(Con información del Diario El Universal)
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