Venezuela prohibirá el viernes la
venta de armas de fuego y municiones a particulares por un año como parte de un
plan oficial para combatir la violencia, una medida que según expertos tendrá
un impacto relativo al dejar por fuera la lucha contra el masivo tráfico
ilegal.
Con la mirada puesta en
"desarmar a la población civil", el gobierno espera que la medida
impida que más ciudadanos adquieran nuevas armas y municiones y que ahora su
venta sea "sólo para los cuerpos de policía y la Fuerza Armada",
según dijo recientemente el ministro de Interior, Tareck El Aissami.
Las nuevas regulaciones,
aprobadas en febrero para su entrada en vigencia tres meses después, también
prevén que las armerías, de las que permanecen abiertas 80 en el país,
"dejen de existir como rubro comercial" y que éstas entreguen al
Estado sus remanentes de armas y municiones.
Además, los cuerpos de seguridad,
policías y fuerzas armadas deberán solicitar sus dotaciones de armas a CAVIM
-ahora el único organismo estatal autorizado para importarlas-, previa
aprobación del Ministerio de Interior.
Para el criminólogo Fermín Mármol
estas últimas medidas "van a impactar muy poco en la reducción de la
delincuencia porque no están orientadas al epicentro del problema, que es
impedir las armas ilegales en las calles".
"El control de las armas y
municiones parece ir dirigido sólo a las personas que están lícitamente
armadas", señaló el experto a la AFP.
Mármol argumenta que hay
"sólo 40.000 portes de armas legales" frente a entre 9 y 15 millones
de armas ilegales que circulan en Venezuela (con unos 27 millones de
habitantes), según una estimación oficial de 2009.
Las medidas que entrarán en
vigencia el viernes son parte de un plan de desarme del gobierno, que desde
2011 aplicó otras iniciativas como la prohibición del otorgamiento de nuevos
permisos de porte de armas o de su porte en espacios públicos, para enfrentar
los flagelos de la violencia e inseguridad en el país.
Según datos oficiales, en 2010 se
registraron 14.000 homicidios en Venezuela, es decir 48 por cada 100.000
habitantes -una tasa récord en América Latina-, y más del 90% de estos
asesinatos fueron cometidos con armas de fuego.
La directora de la ONG Control
Ciudadano, Rocío San Miguel, denunció por su parte que muchas armas procedentes
de los cuerpos de seguridad del Estado son vendidas ilegalmente, alimentando la
criminalidad.
"La procedencia de las armas
ilegales en Venezuela sin duda alguna tiene como principal fuente la producción
e importación de armas de parte del Estado y las municiones de los cuerpos de
seguridad", comentó la responsable a la AFP.
Para empezar a enfrentar este
tráfico ilegal, El Aissami anunció la semana pasada que en un año se marcarán
todas las municiones de las fuerzas del orden con el nombre del fabricante, el
año de producción y el cuerpo de seguridad a las que pertenecen.
Este será un paso previo a la
serialización, un mecanismo de control más efectivo que permitirá identificar
al agente que recibió la munición y para lo cual Caracas trabaja con asesoría
de la ONU y Brasil.
"Vamos a poder seguir el
recorrido para establecer de quién es la munición que se encuentre en una
determinada escena del crimen y permitir el control de la munición a nivel
nacional", dijo el general Julio Morales, responsable de CAVIM.
"A medida que vayamos
sustituyendo (las municiones) por municiones marcadas iremos cortando los
circuitos ilegales" de comercialización, agregó El Aissami.
También aseguró que el gobierno
presentará próximamente las cifras actualizadas de armas legales e ilegales en
el país, sin precisar una fecha.
Según San Miguel, uno de los
mayores impedimentos para diseñar políticas públicas eficaces contra el crimen
ha sido la falta de transparencia del gobierno y el hecho de que "no se
hayan levantado números sobre los parques de armas" de los organismos del
Estado.
(Fuente: Globovisión/AFP)
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